La huelga en Francia, también en defensa de la educación pública

Rosana Ricárdez
Alrededor de quince mil personas, según cifras oficiales, se congregaron esta semana en la Plaza Jean Macé de Lyon. El motivo, externar su inconformidad, de manera pacífica, contra las modificaciones que el gabinete del presidente Nicholas Sarkozy ha propuesto –y pretende aprobar- respecto al sistema de pensiones, seguridad social y educativo.
Esta manifestación se llevó a cabo de manera paralela a otras en las ciudades de Grenoble, Nantes, Marsella y París. En la capital del país la manifestación se unió al paro generalizado de labores en el sistema de transporte ferroviario y urbano. Los diversos grupos estuvieron conformados por controladores aéreos, personal de correos, profesores y médicos, en términos generales, funcionarios públicos.
En lo que al sistema de pensiones se refiere, la nueva ley propone el incremento en el número de años para el retiro, de 37.5 a 40 o de 42 a 43, según el caso –ello, si se desee una pensión sin recortes.
En la seguridad social, debido al déficit que produce, el gobierno suprimiría de manera parcial el remboursement, es decir, el rembolso del servicio médico, incluido el de los medicamentos.
La aprobación de las leyes propuestas afectaría a quienes laboran en la administración pública –transportistas, médicos y maestros que suman cinco millones y medio en Francia- ya que serían suprimidos 22 mil 990 puestos de trabajo, en consecuencia a las jubilaciones previstas para el 2008. De este sector, el grupo más afectado sería el educativo ya que la mitad de los puestos suprimidos correspondería al personal docente, es decir, 11 mil 495.
Uno de los reclamos más fuertes gira entorno a la pérdida del poder adquisitivo de este sector, calculado en seis por ciento a la baja, desde el año 2000.
Aún cuando el Gobierno no comparte el cálculo del porcentaje, el ministro de finanzas Éric Woerth reconoció ayer que (los funcionarios) "están mal pagados".
La idea de Sarkozy, de manera simple, es recortar el número de funcionarios a través de la no reposición de dos personas por cada tres jubilados.
Tras un silencio calificado por la prensa nacional y extranjera como “inusual”, el presidente declaró "No quiero que haya un vencedor y un vencido (…) pero la reforma se hará, que nadie lo dude, aunque seguiré hasta el final abierto al diálogo, porque es mi deber".
Agregó que no cederá “porque Francia necesita reformas”.
Las opiniones de la población son diversas y corresponden al medio social al cual se pertenezca.
Entre quienes integran el medio educativo resulta evidente, tanto para el personal docente como para los estudiantes –sobre todo universitarios, que es el grupo más consciente de la situación-, la inconformidad ante la ley propuesta por el funcionario François Fillon, llamada Pécresse.
Su protesta es para defender el carácter público de los centros de enseñanza superior estatales, la cual sería amenazada por la ley en cuestión ya que implica la privatización de la enseñanza superior a través de la introducción de financiación privada, lo que reforzaría las desigualdades entre universidades y que permitiría la influencia de las empresas sobre los contenidos de la formación.
Además, rechazan la preselección para el acceso a las universidades y la supresión de la representación de los estudiantes en los órganos directivos.
Finalmente, la supresión de puestos de trabajo en el sector educativo se traduciría en menos maestros para más alumnos, lo que significa que las aulas ya no serían para 30 o 40 alumnos, como sucede actualmente, sino para 40 o 50.